Troppi Avvocati (Demasiados abogados).

Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp.

Hace algunos días vi en redes sociales un video tomado de YVKE Mundial con la intervención de una señora que, imagino, es una de las Jueces de Paz recientemente designadas. La limitada edición  no me permitió identificarla  ni al lugar del acto o, a la Comuna que determina su competencia territorial.

Me llamó sí la atención que dijo no quería saber nada de abogados que estuviesen buscando clientes en su territorio y que el fin de esa jurisdicción especial es la aplicación de una justicia inmediata y sin trabas burocráticas, alejada de la justicia ordinaria.

Ella no puede ni debe limitar el ejercicio profesional de los abogados, cuya función está protegida por el tinglado de la ya vetusta Ley de Abogados y su Reglamento,  que impone a estos profesionales la obligación de defender el derecho, la libertad y la justicia en cualquier circunstancia, además que fue constitucionalmente investida de la honrosa distinción de formar parte del sistema de justicia por el artículo 253 de la CN1999.

La Ley de Justicia de Paz Comunal no impide la intervención de los abogados en los asuntos debatidos, solo que  no puede ser recomendado abogado alguno por el Juez de Paz Comunal, como es lógico suponer.

Es pertinente la intervención de la señora de marras en pregonar el deslinde de sus funciones de la llamada justicia ordinaria, entendiendo como tal a la que busca dirimir conflictos a partir de las normas y procedimientos pre constituidos, porque su función primordial es promover y homologar acuerdos entre las partes mediante el diálogo, la mediación y la conciliación como medios alternativos, lo que en ninguna forma excluye la actuación abogadil.

De manera que al término justicia ordinaria debe dársele una connotación más bien adjetiva, por ende distinta a la justicia de fondo como sería el tratamiento igualitario entre las partes, o el equilibrio entre todos de los recursos de los cuales se disponga o para la reinserción del victimario.

Es un acto de injusticia per se tratar de limitar ilegalmente el trabajo de los abogados, porque esta es una actividad sobre la cual existe una gigantesca sobre oferta de servicios, en parte culpa del propio Estado.

Desde principios del Siglo XX el célebre jurista Piero Calamandrei observó un fenómeno social y cultural que denominó decadencia intelectual y moral en la abogacía italiana, atribuyéndola a la proliferación de abogados y procuradores, para lo cual propuso como solución la reducción de las Facultades de Derecho y máxima exigencia en el recorrido académico para laurearse. La idea en uno de los capítulos del libro titulado Troppi Avvocati, que escribió el referido Maestro sobre el tema, es abolir la abogacía, no en el sentido estricto del término, sino en la posibilidad de revisar y cambiar a los abogados de manera de hacerlos realmente útiles, planteamiento generado incluso durante la Revolución Francesa donde se ordenó deslastrarlos de privilegios y vestimentas especiales, obligarlos a aprender técnicas y conocimientos a profundidad, para justificar  que las personas pudieran confiar en ellos las defensas de sus bienes, intereses y libertad, e incluso, que no fueran considerados  indispensables, en el sentido que si algún patrocinado quiere defenderse a sí mismo lo haga, utilizando al abogado sólo como asesor.

En contracorriente con tan claros y apropiados planteamientos el Estado fomentó desde hace muchos años el estudio del Derecho en Venezuela, promoviendo Escuelas o Facultades en las universidades públicas y facilitándolo en las privadas, gracias a los vínculos políticos con quienes a la larga se benefician económicamente con tan lucrativa oferta sobre obtener un título. Tampoco se exigió profundad y actualización de los pensum, ni aptitudes especiales en los profesores.

Pero ahora con miles de profesionales de la abogacía deambulando con sus títulos inútiles debajo del brazo, la solución no está en desecharlos, sino en ayudarlos a prepararse apropiadamente, mientras por largo tiempo se cumple a partir de hoy, con las recomendaciones plus centenarias del profesor Calamandrei, a la par que se motivan a los jóvenes hacia carreras más provechosas para la sociedad y que les garantice al estudiante un promisor futuro en lo social y lo económico ajustándose, incluso,  a la revolución tecnológica dispensada por la Inteligencia Artificial, que suplirá innumerables campos de trabajo.

Los Colegios de Abogados no pueden hacerse la vista gorda ante el problema grave de sus asociados, deben ayudarlos con soluciones fomentando el estudio del Derecho entre los agremiados; actualizándolos en el uso de herramientas y técnicas nuevas; dignificando la profesión y proponiendo leyes convenientes para mejorar los intereses de la abogacía. Dios bendiga a Venezuela!. 

jesusjimenezperaza@gmail.com

20/12/2024.