Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp.
Un
tema difícil de abordar es determinar la necesidad de una reforma
constitucional. Por las materias que en sentido macro se regulan en su texto,
normalmente no es necesario someterla a reformas integrales, porque los
principios fundamentales que rigen una nación;
la distribución de sus Poderes Públicos y el funcionamiento de los
mismos; los derechos y deberes ciudadanos no son temas para un debate de
renovación constante, al contrario se deben consolidar y profundizar.
Lógicamente
algunos puntos pueden y deben ser adaptados a nuevas realidades, propulsadas
por los cambios sociales o económicos en el país, por lo que aconsejable es que
las reformas se limiten a enmiendas.
La
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es de 1787 y a ella se han
adicionado 27 enmiendas, unas de mayor importancia que otras. También tiene
algunas en bandeja, aun por discutir.
En
México se vivió una realidad parecida a la nuestra en el siglo XIX, cada
gobierno o cada revolución recurría a un cambio constitucional, hasta que el 5
de febrero de 1917, decidieron aprobar la Constitución de Querétaro que no se
modifica, simplemente se aprobaron algunos artículos transitorios y se le
pueden hacer adiciones, porque obviamente tampoco es conveniente una
Constitución pétrea.
La
CN1999 fue sometida a una reforma en el año 2007, donde la pretensión
ostensiblemente se reducía a permitir la reelección perpetua de los altos
cargos de elección popular, aunque tuvo dos iniciativas, una por el Presidente
de la República y otra por la Asamblea Nacional, donde se incluyó una propuesta
de modificación de alto calibre
contenida en la reforma del artículo 299,
con el siguiente contenido:
“Artículo 299. El régimen
socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los
principios socialistas, antiimperialistas, humanistas, de cooperación, de
eficiencia, de protección del ambiente y de solidaridad, a los fines de
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para
la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa comunitaria, social
y personal, garantizará el desarrollo armónico de la economía nacional con el
fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar la
calidad de vida de la población, lograr la suprema felicidad social y
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para
lograr una justa distribución social de la riqueza mediante una planificación
estratégica, democrática, participativa, política, económica y de consulta
abierta”.
Es
decir, nuestro sistema social y económico ya no sería liberal, o si se quiere,
mixto, de economía social y ecológica de mercado como ha sido tradicionalmente,
sino fundada en principios socialistas.
En
la consulta referendaria del 2 de diciembre del 2007, el pueblo de Venezuela
rechazó el proyecto, por lo que debe tenerse como su voluntad legítimamente
expresada. Consecuencia del fracasado
intento de reforma, el parlamento delegó en el Presidente de la República, la
facultad de dictar decretos con fuerza de ley abordando materias como la
transformación del Estado, mecanismos de participación popular y comunidad
organizada, cambio de modelo económico y social sustentable, de seguridad y
defensa y otros, que por ser materias reservadas a la Constitución y
específicamente negadas por el pueblo venezolano, están en un limbo jurídico lo
que no permite su cabal desarrollo.
En
un país socialista, como Cuba, el sistema comunista debe tipificarse de manera
indubitable. Los artículos 1 y 5 del texto constitucional de la isla fidelista,
dicen: “Artículo 1.- Cuba es un Estado
socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y
para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute
de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y
colectivo y la solidaridad humana… Artículo 5.- El Partido Comunista de Cuba,
martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la
fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta
los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y
el avance hacia la sociedad comunista”.
Una
nueva reforma fue propuesta en el 2009, pero circunscrita a la reelección
permanente por vía de enmienda. En el 2017, sin objetivo claro se propuso una Asamblea Nacional
Constituyente, que concluyó sin decisión, considerándose que nuestra carta
magna aun debía regir sin cambio alguno.
Ahora
se asoma una nueva convocatoria constituyente, aun sin conocer el objeto. El
tema es que atravesamos una seria crisis económica que hace viable traer a
discusión, después de un detallado análisis por expertos, la privatización de PDVSA. En la actual carta
magna el Estado se reservó para sí a
PDVSA o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, considerando
razones de soberanía económica, política y estratégica, exceptuando a las
filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se
constituya o se haya constituido, como consecuencia del desarrollo de negocios
de Petróleos de Venezuela, S.A.
El abogado Pedro Pablo Fernández Reyna acaba
de publicar en sus redes sociales, una idea relacionada con la necesidad de un
proceso de apertura total hacia la
inversión privada; controlar constitucionalmente el manejo estadal de las
riquezas naturales, que tenemos en nuestro suelo y subsuelo como regalo divino,
para lo cual nos pudiera servir como orientación las políticas que en la
materia ha seguido Noruega.
Noruega creó en base a su petróleo en el Mar
del Norte y otras riquezas naturales, un gigantesco Fondo Soberano que además
invierte metódicamente en otras actividades y activos, con lo cual superó su
economía tradicional basada en la pesca, rebasa dicho fondo el PIB de varios
países y tiene asegurado el futuro social y económico de sus nacionales.
El video, muy ilustrativo y didáctico
divulgado por el Dr. Fernández debe ser discutido. Seguramente los modelos
económicos de amplísima bonanza ocasionan otros tipos de problemas sociales distorsionantes
que deberán ser planteados por los conocedores de tan compleja temática, pero
por eso es necesario abrir debates para buscar y tratar de mitigar nuestros
cotidianos problemas de emigración, pobreza, desinversión, sanitarios y
educativos.
Por supuesto, las resultas deben ser
presentadas al pueblo venezolano, para su aprobación o no, mediante referéndum
diseñado y decidido con las formalidades previstas en la actual Constitución.
Dios bendiga a Venezuela!
2/6/2025.
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