Jesús A.
Jiménez Peraza.
@jesusajimenezp
La reciente visita de la Alta
Comisionada para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas, Dra. Michelle
Bachelet, tuvo significación diferente para tres sectores de la sociedad
venezolana: 1) Las víctimas y sus familiares. 2) El oficialismo. 3) La
dirigencia de la oposición organizada.
Por la cobertura parcial e intermitente de los medios de comunicación
social, pude apreciar que el primer grupo tuvo una actuación extraordinaria
dentro del marco de la exposición y defensa de sus casos. Muchos de ellos
fueron realmente desgarradores, que con toda seguridad impactaron a la
visitante, sensibilizada no sólo por el
cargo que ostenta, sino por su condición de madre y pediatra en un país donde
se capta fácilmente la desnutrición infantil y la insuficiencia de centros
asistenciales y de equipamiento médico. Además, la Dra. Bachelet sufrió en
carne propia y en la de su padre, el morbo de las persecuciones y torturas en
el Chile de Augusto Pinochet.
El oficialismo estuvo muy desacertado.
No termina de entender que la violación de los derechos humanos es inmune a
cualquier causa de justificación por el ente transgresor, que siempre es el
Estado. Ellos son una serie de garantías que se reconocen como innatas en el
hombre, desde la primera Constitución Norteamericana de 1776 y la Revolución
Francesa de 1789. Son derechos inviolables, inalienables, indivisibles y
fundamentales.
La
tutela de los DDHH se extiende desde su promoción, pasando por la obligación
estatal de tomar medidas efectivas ante su transgresión y la abstención de
conductas que pudieran conducir a su violación.
Me
dio la impresión que muchos funcionarios públicos pretendían establecer una
especie de “compensación de culpas”
entre acciones represivas del Estado, claramente atentatorias contra los derechos
humanos y comprobadas con testimonios coincidentes de víctimas y familiares,
con actos provenientes de las llamadas “guarimbas”
cuyas resultas caracterizan, en caso de ser
ciertas y demostradas, tipos delictuales cometidos por sujetos activos determinados,
a quienes sólo podría aplicárseles la pena determinada por el Código Penal,
para lo cual no tiene competencia alguna la Alta Comisionada de la Organización
de Naciones Unidas, sino los tribunales venezolanos.
Si
un hombre causa maltratos sin misericordia alguna a otro o la muerte o lo retiene indebidamente, habrá
cometido los delitos de lesiones, homicidio o secuestro, respectivamente, los
cuales según algunas características determinadas, pueden ser agravados y por
ello merecedores de mayor pena en relación a la promedio.
Pero
si esas acciones las cometen uno o varios
funcionarios, con la protección
del Estado, estaremos ante la violación de derechos humanos, por tanto estará
bajo jurisdicción especial conforme al Derecho Internacional Público.
Muchos
dirigentes opositores estuvieron igualmente fuera de foco. En vez de orientar a
la ciudadanía para sacar el mejor provecho de la ilustre funcionaria y su
equipo asesor, se dieron a la tarea de descalificarla a ultranza.
La
Dra. Bachelet tenía la obligación de oír a las partes, porque existe una
contención gravísima entre los diferentes sectores de la vida nacional.
Oficialmente venía invitada por el gobierno y, en mi criterio, es razonable si
en su Informe final prometido para los primeros días de julio y anunciado en
sus palabras de despedida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, da lugar
preponderante a las consecuencias que sufre el pueblo llano de Venezuela, por
las medidas económicas tomadas por Estados Unidos y otras potencias extranjeras.
Claro,
como lo analicé en anterior artículo (“Los
baches de Bachelet”) no puede justificarse la violación de nuestros derechos, por la estrategia política asumida por
Estados extranjeros. La víctima en ambos casos somos los venezolanos y los
responsables, con igual ponderación es el gobierno nacional y los países que
tomen medidas económicas que, de alguna manera, drenen negativamente hacia el
pueblo por no tomarse la previsión que las consecuencias se limiten a la clase gobernante.
La
causa eficiente de nuestros males son la corrupción generalizada y las políticas
desacertadas del gobierno y ellas, a su vez, dieron origen a esas medidas económicas. Pero
independientemente de la génesis, se debe analizar las consecuencias porque
ellas materializan el hambre, la miseria, la falta de asistencia, que son los
daños producidos.
En
concreto, espero que el Informe de la Comisionada Bachelet separe y proponga
correctivos, tanto ante las violaciones de nuestros derechos fundamentales por
las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, como las que puedan provenir de
medidas tomadas allende los mares. Este sería un gran doble play en honor a
Chico Carrasquel, Aparicio, Concepción, Guillén, Vizquel y otros tantos campo
cortos que han dado brillo a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela!
27/06/2019.
Esperemos que la sra. Bachelet, sepa colocarse del lado de la dignidad humana, y su paso por Venezuela, no quede como un arado de la mar.
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